Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que tomará acciones legales contra el diputado Héctor Arce, quien denunció presuntas irregularidades en la operación de Botrading, filial de la estatal en Paraguay. La demanda se presentará en ese país, donde opera la empresa. Según YPFB, estas acusaciones carecen de sustento y afectan su reputación.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, defendió la creación de Botrading y aseguró que ha permitido un ahorro de 30 millones de dólares en la importación de combustibles. Explicó que la filial ha reducido la dependencia de intermediarios y que sus contrataciones han sido transparentes.
Por su parte, el diputado evista Héctor Arce indicó que asumirá su defensa. También, recalcó que Botrading le vende el combustible al país con sobreprecios, esto lo perjudica más en la actual crisis económica.
Así mismo, señaló que se debe aclarar si Luis Marcelo Arce Mosqueira y su entorno se han beneficiado con los sobreprecios. La participación del hijo de Luis Arce en este caso de corrupción ha sido señalada por diferentes opositores.
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Las denuncias contra Botrading surgieron tras una publicación del portal argentino Letra P, que señaló la posible existencia de un esquema de corrupción en la compra de combustibles. En la nota también se mencionó una supuesta vinculación con la familia del presidente Luis Arce, lo que generó reacciones en la oposición.
En respuesta, YPFB negó estas acusaciones. Dorgathen afirmó que Botrading ha participado en 13 licitaciones, de las cuales se adjudicó 10 por ofrecer mejores condiciones de precio. Negó que exista un monopolio en la importación de combustibles y enfatizó la legalidad de las operaciones.
El diputado Carlos Alarcón solicitó la conformación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar los contratos entre YPFB y Botrading. Asegura que la filial paraguaya vendió combustibles a precios superiores a los del mercado y ha pedido la destitución de Dorgathen.
A su vez, el diputado Miguel Roca presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida a los ministros de Hidrocarburos y de Economía. En ella solicita detalles sobre la creación y operación de Botrading. Cuestionó por qué la empresa fue establecida en Paraguay y no en Bolivia.
Otra de las denuncias provino de la diputada Luciana Campero, quien sostuvo que Botrading no está registrada en Paraguay, sino que su Registro Único de Contribuyentes (RUC) pertenece a YPFB Internacional. También alertó sobre la supuesta importación de combustibles conalto contenido de azufre.
¿El régimen se contradice?
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El Gobierno salió en defensa de YPFB, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, desestimó las acusaciones. La autoridad afirmó que Botrading no es una intermediaria, sino una filial creada para optimizar la importación de combustibles. Aseguró que la empresa opera con transparencia y dentro del marco legal.
El debate se intensificó en medio de una crisis de abastecimiento de combustibles en el país. En varias ciudades se han registrado largas filas para la compra de diésel y gasolina, lo que ha generado críticas a la gestión de YPFB. La estatal atribuye el problema a factores externos y al contrabando.
Desde el oficialismo, las denuncias han sido calificadas como ataques políticos con miras a las elecciones. Según el Gobierno, la oposición busca debilitar la gestión de YPFB mediante una estrategia de desinformación y sin pruebas sólidas.
El Legislativo continuará con la fiscalización del caso. La Petición de Informe Escrito deberá ser respondida en un plazo de 10 días, mientras se evalúa la conformación de una comisión especial. YPFB, por su parte, insiste en la legalidad y transparencia de sus operaciones.
Analistas económicos advierten que la crisis de combustibles podría afectar la economía del país. Algunos consideran que es necesario mayor control en la importación y distribución de carburantes. Pero otros apuntan a problemas estructurales en la administración del régimen que requieren soluciones a largo plazo.
A pesar de las reiteradas denuncias, el Gobierno ha optado por amedrentar con acciones legales contra quienes cuestionan la transparencia de YPFB y Botrading. En lugar de facilitar una auditoría independiente que despeje dudas, la estatal se ha enfocado en desacreditar a los denunciantes y a los medios que publican estas acusaciones.
