El 26 de enero marcó un quiebre para miles de inmigrantes sin papeles que viven en Puerto Rico. Ese día, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a realizar arrestos masivos en vecindarios conocidos por su alta población dominicana. La ofensiva responde a una nueva política del presidente Donald Trump, que busca deportar a millones de personas sin estatus legal.
Durante años, la isla funcionó como una ciudad santuario de facto. Aunque forma parte de Estados Unidos, su gobierno había mantenido una postura más flexible hacia la población migrante, con la posibilidad de abrir cuentas bancarias, obtener licencias de conducir especiales y, en muchos casos, levantar sus propios negocios. Pero esa era llegó a su fin.
Desde el inicio de la nueva política migratoria, más de 200 personas fueron arrestadas en la isla. Según datos oficiales revelados por Associated Press, 149 de ellas son de nacionalidad dominicana. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que apunta a quienes tienen antecedentes penales o una orden judicial de deportación, aunque no precisó cuántos de los detenidos encajan en ese perfil.
Las consecuencias se sienten en la vida cotidiana. En comunidades como San Juan y Aguadilla, parques y calles donde antes se reunían vecinos están hoy vacíos. En las escuelas con alta presencia de alumnos dominicanos, las tasas de ausentismo alcanzaron el 70% en febrero, según el Departamento de Educación de Puerto Rico.
Uno de los casos que circuló con mayor fuerza fue el de un pescador dominicano, arrestado junto a su hijo en enero mientras almorzaban frente a un parque en la capital. Relató que fueron trasladados en condiciones precarias a diferentes cárceles hasta llegar a Texas, según consignó Los Angeles Times. Él regresó a Puerto Rico con una tobillera electrónica. Su hijo permanece detenido en Miami.
También hay denuncias por arrestos en lugares de trabajo. Un hombre que vivía en la isla desde 2007 y dirigía una empresa de construcción fue arrestado junto a sus empleados después de que una clienta tomara una foto de su vehículo y alertara a las autoridades.
La visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Puerto Rico hace algunas semanas selló una nueva etapa en la cooperación migratoria entre Washington y la isla. Reunida con la flamante gobernadora republicana Jenniffer González, Noem reafirmó el compromiso del gobierno federal para reforzar la vigilancia costera, combatir las redes criminales y profundizar las acciones contra la inmigración ilegal.
“Queremos desmantelar todas esas organizaciones criminales que golpean nuestras costas”, señaló González, en una cita que refleja el alineamiento con la política migratoria de Donald Trump, hoy nuevamente en la Casa Blanca.
La preocupación en la isla es doble: por un lado, las presiones de Washington para garantizar resultados concretos; por otro, el creciente temor en los barrios afectados.
A pesar de las críticas, la gobernadora González defendió su colaboración con Washington. “Están en juego los fondos nacionales”, advirtió. Puerto Rico ya no se percibe como un refugio. Bajo la nueva política migratoria, miles de personas viven en estado de alerta, con miedo a ser deportadas y sin certezas sobre su futuro.