(Pablo Roma Congreso de la Nación) En una jornada marcada por la tensión política y la polémica, el Senado de la Nación Argentina rechazó el proyecto de ley de “Ficha Limpia”, una iniciativa que buscaba impedir que personas condenadas por delitos de corrupción en segunda instancia puedan postularse a cargos electivos. La votación terminó 37 a 35 en contra de la propuesta, lo que selló su caída.
La iniciativa había sido impulsada por la diputada Silvia Lospennato (PRO) y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde febrero. Sin embargo, al llegar al recinto del Senado, no logró reunir la mayoría necesaria para avanzar. El rechazo fue encabezado por el bloque de Unión por la Patria, que votó en forma unificada en contra del proyecto.
Durante el debate, los senadores opositores al proyecto argumentaron que la ley vulnera el principio de inocencia, al impedir candidaturas sin condena firme. “Están queriendo proscribir a dirigentes políticos utilizando fallos judiciales que no están firmes”, sostuvo la senadora Anabel Fernández Sagasti, alineada con el kirchnerismo.
Del otro lado, legisladores del PRO, la UCR y bloques federales defendieron la propuesta como un paso fundamental hacia la transparencia institucional. “Hoy el Senado perdió una oportunidad histórica de empezar a limpiar la política argentina”, lamentó el senador Martín Lousteau.
El rechazo generó una inmediata reacción en redes sociales, donde organizaciones como Poder Ciudadano, el movimiento Argentina Ciudadana y decenas de usuarios expresaron su indignación bajo la consigna #FichaLimpiaYa. Para muchos, la negativa a avanzar con la ley refleja la desconexión entre la dirigencia política y una ciudadanía que reclama reglas éticas más estrictas.
Así, el Congreso argentino vuelve a cerrar las puertas a una ley que ya rige en países como Brasil, Colombia y Perú, y que busca poner un freno a la corrupción desde el mismo momento en que se definen las candidaturas.
Por ahora, quienes tengan condenas por delitos contra la administración pública seguirán teniendo la posibilidad legal de ser candidatos. La discusión ética, sin embargo, continuará viva en la opinión pública y en futuras campañas electorales.