Diversas organizaciones no gubernamentales vinculadas al ámbito de la discapacidad se congregaron esta mañana frente al Congreso, para manifestar su apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Según los organizadores de la movilización, el sector atraviesa una crisis sin precedentes, agravada por años de mala gestión de todos los gobiernos y recientes ajustes económicos que han colocado a las personas con discapacidad en una situación límite.
Tanto las familias como los profesionales que trabajan en este ámbito enfrentan múltiples obstáculos, entre ellos la cancelación masiva de prestaciones y coberturas en todo el país.
Además de los bajos honorarios de los especialistas que brindan atención a personas con discapacidad, también se reclama por retrasos de varios meses en los pagos. Esta situación generó un profundo malestar en la comunidad afectada, que denuncia un abandono sistemático por parte del Estado.
En Paraná, profesionales, familias y personas con discapacidad se concentraron al caer la tarde en Plaza 1º de Mayo y desde allí se movilizaron hasta la sede local de la Superintendencia de Seguros de Salud –en Peatonal y Colón- para después concluir frente a Casa de Gobierno.
Lourdes Klocker, secretaria de Discapacidad en el Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos, describió la situación: “La cobertura y la prestación en discapacidad siempre ha sido caótica. Nosotros atendemos al paciente, realizamos una factura, y esa factura la cobramos a los 60 o 90 días. Ese es el mecanismo que existe. En el año 2022 lo que sucedió es que la cadena de pagos se cortó, entonces hubo una gran movida en ese momento porque nadie cobró un peso de ninguna obra social. Lo que sucede ahora es que los honorarios, por ejemplo en fonoaudiología, se cobra en $12.000, pero hay una diferencia de más o menos $10.000 de lo que se cobra en la consulta privada. Nosotros venimos planteando aumentos, pero nos dan un aumento de 0,3% o 0,8%”, indicó.
Actualmente, el valor de las prestaciones tiene un desfase del 75%. “El tema es que cada vez se está complicando más porque no es solo que no estén actualizando el arancel. Las prestaciones no se autorizan en tiempo y forma. Entonces, un niño que debería, por ejemplo, tener sus prestaciones o su entrenamiento en la escuela desde marzo, están llevando las autorizaciones en abril”, señaló.
“El desfase del valor de las prestaciones sumado al hecho de que el costo de vida aumenta hace que muchos profesionales de la salud que están decidiendo no atender más a personas con discapacidad. Pero todos estamos en la misma situación, nosotros, los profesionales, los transportistas y las familias”, apuntó la profesional.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora