Una empresa constituida por militares en actividad y de la reserva, fue blanco este martes de una amplia acción de la Policía Federal brasileña. El operativo, que abarcó los estados de Mato Grosso, San Pablo y Minas Gerais, apunta a quienes aparecen como dueños formales de esa firma, presuntamente dedicada a la seguridad con fines civiles. Según los investigadores, se trata en realidad de una fachada que encubría una organización delictiva, dedicada a espiar y asesinar por encargo.
Esa sociedad criminal, que sus miembros habían bautizado “Comando C4: Caza comunistas, Corruptos y Delincuentes”, tenía en su poder una evidencia “alarmante”, al decir de la propia PF. Los agentes de la Federal incautaron una lista de precios a ser cobrados por la ejecución de personalidades públicas. Figura entre estos nombres el de jueces de la Corte Suprema brasileña y parlamentarios.
¿Quiénes aparecen como eventuales víctimas de esa banda asesina? Bien podría decirse que son los conocidos de siempre, especialmente porque incluye al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexander de Moraes. Figura también otro miembro de la Corte, Cristiano Zanin, un abogado que entre 2018 y 2019 se desempeñó como defensor del presidente Lula da Silva cuando el mandatario estaba detenido en Curitiba. Lo notable es que el listado inserta, también, el nombre del ex presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
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Los procedimientos efectuados este miércoles, por determinación del STF, abarcaron varios locales en los estados provinciales mencionados, y aunque aún no fueron revelados todos los resultados, la Federal “identificó registros de manuscritos” que contienen la mención de esas autoridades, indicó el organismo policial. Además, hizo público el listado de valores por cada “servicio”. De acuerdo a los investigadores, quedó claro que los “contratos” variaban según la importancia del espiado y/o asesinado.
Por ejemplo, el espionaje de jueces representaba un costo de 250.000 reales (unos 45.000 dólares). En el caso de senadores, el valor era de 150.000 reales (cerca de 26.000 dólares); para espiar diputados, 100.000 reales, y para ciudadanos comunes, 50.000 reales.
No es un detalle el hecho de que el ex presidente del Senado, Pacheco, aparezca en anotaciones donde se dice que la firma de seguridad se encargaría de “vigilancia armada”.
Fue identificado también uno de los miembros de esa cofradía clandestina. Se trata del coronel de la reserva Etevaldo Caçadini de Vargas. La policía determinó hoy su prisión, pero el militar ya está preso por el asesinato de un abogado. En su residencia, se encontraron los precios y los nombres de las futuras víctimas. En particular, las autoridades judiciales y legislativas mencionadas figuran en diálogos entre los delincuentes. El coronel Vargas fue, según todo indica, quien mandó asesinar al abogado Roberto Zampieri, ejecutado a tiros frente a sus oficinas en diciembre de 2023. Esto revela que esa empresa de seguridad, de fachada, venía actuando desde hace un tiempo.
Bolsonaro sospechado de espionaje ilegal a la Corte Suprema
Estos operativos de la Federal ocurren en un momento muy particular de la vida política brasileña. Estos días hay una ofensiva mediática y parlamentaria contra ministros del gobierno de Lula da Silva. Ayer fue el caso de la ministra Marina da Silva, convocada por la comisión de relaciones exteriores de la Cámara. La oposición bolsonarista tomó cuenta del escenario y emprendió interrogantes insultantes a la funcionaria.
Hoy ocurrió lo mismo con el ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira. Tanto una como otro son miembros impecables del gobierno; a quienes no se les ha encontrado jamás un hecho o dicho que pudiera ser cuestionado.
No es ajeno a esto lo que hoy declaró el secretario de Estado Marco Rubio, cuando dijo que en breve el gobierno de Donald Trump impondrá como línea de su política externa la prohibición de extender visas a autoridades extranjeras que hayan cometido “censura” contra ciudadanos y empresas de su país.
MVS / Gi