Luego de un triunfo opositor en la Cámara de Diputados, Casa Rosada presentó el proyecto de «Inocencia Fiscal» en el Congreso de la Nación, con el objetivo de atraer dólares no declarados por ahorristas. Se trata de la primera iniciativa que envía el Gobierno desde la caída de Ficha Limpia.
El diputado oficialista, José Luis Espert, participó de la conferencia de prensa en la que se ofrecieron detalles de la propuestas. Allí apuntó a los legisladores, ofreciendo una mirada dicotómica: «Queda en manos de los diputados y senadores de la Nación elegir entre dos opciones. Sólo dos: o acompañan este proyecto y permiten que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial de una buena vez o se oponen y condenan a los argentinos a esconder sus ahorros bien habidos, condenándolos a la informalidad o la evasión».
Durante la presentación, Espert insistió con la perspectiva ambivalente del Gobierno: «O están con la gente o conspiran para seguir arruinándoles la vida. No hay intermedio». Asimismo, enumeró las provincias que aún no adhirieron a la iniciativa e invitó a los parlamentarios que aún dudan a que «cambien; están a tiempo de amistarse con la sociedad dándole la libertad a los argentinos con sus ahorros, y no mentirles como ayer a los discapacitados y a los jubilados».
Al ser titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Espert puede convocar a debatir el proyecto en las próximas semanas. Así terminaría con la parálisis estratégica que impuso en la comisión para evitar tratar propuestas de la oposición, que podrían ir a la carga con al menos dos iniciativas: la ley de financiamiento universitario y la declaración de emergencia a la salud pediátrica.
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Juan Pazo, titular de ARCA, junto a José Luis Espert.
Repercusiones en Diputados
En exclusiva para Ámbito, el mendocino Julio Cobos pidió templanza antes de calificar el proyecto: «Evidentemente el Gobierno se enredó, porque hace un mes que está anunciándolo y no logra encontrar la salida. Todos sabemos que es una flexibilización para aquellos que han evadido y no quieren que se los afecte ni impositivamente ni legalmente. Por eso quieren hacer más laxos los montos y el período de prescripción». «Es un blanqueo muy flexible», sintetizó.
En el entramado oficialista, la bonaerense Carolina Píparo (La Libertad Avanza), celebró la medida porque «no vamos a perseguir a los ahorristas como hicieron los anteriores gobiernos. Basta de un Estado abusivo que mira como delincuentes a quienes eligen como proteger o como gastar el fruto de su esfuerzo». El porteño Damián Arabia (PRO) se limitó a calificar de «extraordinario» el documento publicado por la Oficina del Presidente nacional, que replica la medida.
Por su parte, la santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal) expresó en sus redes sociales que «una Argentina que no sabe de dónde vienen los fondos es una puerta giratoria para narcos y lavadores. No hay plata para los jubilados, universidades o salud pero sí para evasores. Necesitamos un estado inteligente, no cómplice».
Inocencia Fiscal: qué dice el proyecto
El Gobierno anunció la segunda etapa del proyecto para incentivar el uso de los «dólares del colchón» bajo el nombre de «régimen de inocencia» y estableció nuevos pisos para investigación por evasión y por otro lado detalló el blindaje del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
A partir de esta reforma, para los casos de «evasión simple», el monto mínimo involucrado por impuesto y por ejercicio anual ya no será de $1,5 millones, sino de $100 millones. Mientras que para que la conducta se considere de «evasión agravada», con mayores penas previstas, el monto tiene que superar los $1.000 millones, ya no más $15 millones.
Por otro lado, mientras el Gobierno lleva adelante un relajamiento en estos controles fiscales, la sanción por presentar una declaración jurada fuera del plazo establecido dejará de ser simbólica: a partir de estas modificaciones las multas por esta falta oscilarán entre los $220.000 y $440.000.
Además, cambiaron los plazos para hacer esta presentación. “Se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, el cual se disminuye de cinco a tres años, siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma. Además, quien sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe. Con el nuevo criterio que establece esta ley, los problemas impositivos se resuelven pagando”, agregó el funcionario.
En relación al régimen simplificado de Ganancias, el Gobierno aseguró que quienes adhieran a este nuevo sistema quedarán «blindados para siempre». Los ciudadanos que opten por esta modalidad quedarán eximidos de informar su patrimonio, una de las obligaciones que más carga administrativa implica en el régimen general. A cambio, la declaración se confeccionará a partir de la información que ya obra en poder de la administración tributaria, complementada por datos provistos por los propios contribuyentes o terceros.