La inflación de mayo registró una desaceleración significativa, anotando el nivel más bajo en cinco años, pero persisten dudas sobre si podrá seguir manteniendo la tendencia a la baja. Los y las especialistas consultadas por Página 12 destacaron que si bien “toda la estrategia económica del Gobierno está orientada a bajar la inflación”, el mantenimiento de esa política “conlleva elevados costos fiscales, sociales y económicos”. Además, es una estrategia vulnerable a variables que, como la estabilidad del dólar, el gobierno no está en condiciones de garantizar.
“La estrategia antiinflacionaria del Gobierno se basa en tres anclas: cambiaria, monetaria y fiscal, pero el Gobierno carece de una política de ingresos”, sostiene Roberto Feletti, economista y ex Secretario de Comercio de la Nación. Las anclas operan en el corto plazo pero no ofrecen garantías de sostenibilidad. “Para sostener el dólar planchado se requieren divisas, pero el saldo comercial se está agotando y no hay inversiones de capital, solo deuda con acreedores privados y el FMI. A comienzos de abril el dólar saltó pero el Gobierno pudo frenarlo con el préstamo del FMI. Sin embargo, vemos que las reservas no se recomponen aunque hay liquidaciones del sector agropecuario”, sostiene Feletti.
Además, con el ancla monetaria y fiscal se frena la actividad económica. “Con la tasa de interés real positiva, la gente prefiere dejar el dinero en el banco en vez de invertir o comprar mercadería. La actividad se frena. Y también por el lado fiscal la inversión pública ya no dinamiza la inversión privada, el multiplicador de la construcción no funciona, caen los salarios, las jubilaciones. Y el Gobierno no tiene ninguna política de ingresos”, asegura.
El oficialismo se plantó en la decisión de no homologar acuerdos paritario con aumentos mensuales superiores al 1 por ciento, es decir por debajo de la inflación mensual. Una forma de evitar la puja de ingresos y el arrastre inflacionario pero con caras consecuencias para la actividad económica.
“El dato de inflación es muy bueno, eso hay que decirlo. Pero la principal causa es la estabilidad del dólar, incluso después de la salida del cepo”, sostiene Pedro Gaite, investigador principal de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). Solo durante marzo, con la incertidumbre por el acuerdo con el FMI “el dato de inflación se disparó a 3,7 por ciento: muy alto y justificado únicamente por la especulación sobre el dólar y la remarcación precautoria de las empresas”, agrega.
Pero, “a futuro, la demanda de dólares va a aumentar y la oferta caerá, porque cesará la liquidación de dólares del sector agropecuario y las importaciones están aumentando mucho, por la apreciación, la desregulación y un repunte en la actividad”, agrega. Aun así, “no veo un escenario de crisis, de devaluación del 20 ó 30 por ciento, incluso si el dólar se fuera al techo de la banda entre julio y octubre, que sería el escenario más disruptivo”.
Gaite sostiene que el resto del entramado macro también ayuda a bajar la inflación: “la actividad sigue muy planchada, el consumo masivo también, los salarios que venían recuperando ya hace muchos meses que no crecen sino que caen. El Gobierno frenó la inercia por puja distributiva. Y los aumentos en precios regulados, como los servicios públicos, se vienen moderando o suspendiendo para más adelante”.
¿Pero qué pasaría si la crisis social forzara al Gobierno a moderar el ajuste? Para Bianca Roldán, becaria en el Centro de Investigaciones de Historia Económica, Social y de Relaciones Internacionales (CIHESRI-UBA), “una eventual recomposición de ingresos –por presión social o cuestiones electorales- podría reactivar la demanda y poner a prueba la consistencia del programa antiinflacionario”.
Según la especialista, a mediano plazo “el desafío es doble: consolidar la estabilidad macroeconómica sin desatender el ritmo de recomposición social y del ingreso real, clave para que el nuevo ciclo pueda consolidarse también desde el lado del consumo».
En sintonía, Martín Burgos, director del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, sostiene que “la contrapartida de este modelo es que, con el dólar planchado, pierde competitividad la industria, que se agrega al congelamiento de la obra pública con lo cual la pérdida en el empleo y la actividad en estos sectores tiene efectos negativos sobre toda la economía. A largo plazo, este efecto puede que sea determinante para que vuelva a subir el desempleo y la pobreza, de la misma forma que ocurrió durante la Convertibilidad”.
Para Burgos “las últimas estadísticas del INDEC son bastante interesantes porque parecen mostrar datos contradictorios: reducción de salarios pero también de la pobreza, importaciones que crecen pero una actividad estancada o en baja en varios sectores. También, un Gobierno que festeja buenos resultados electorales con incremento del ausentismo”.