El diputado provincial Jorge Maier (Juntos) presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja de Entre Ríos que busca poner límite al cobro de tasas municipales sobre el consumo de energía eléctrica por parte de los municipios.
Y para eso el legislador proponer sustituir el artículo 74 de la Ley Nº 8.916 del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial con la siguiente redacción:
“Los concesionarios actuarán como agentes de percepción de los tributos establecidos por la Provincia sobre el consumo de energía eléctrica, hasta el límite que establezca el Poder Ejecutivo.
“En el caso de los tributos municipales, los concesionarios solo podrán actuar como agentes de percepción cuando se cumplan en forma concurrente las siguientes condiciones:
- a) Que la tasa se encuentre prevista en una ordenanza municipal, debidamente sancionada y publicada;
- b) Que en la factura del servicio eléctrico se identifique de forma clara, diferenciada e individualizada la tasa municipal, indicando su denominación y el número de la ordenanza que la autoriza;
- c) Que elmunicipio haya notificado fehacientemente al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y a la concesionaria el detalle del servicio prestado, su frecuencia, el método de cálculo del costo y los criterios de distribución entre usuarios;
- d) Que la tasa retribuya un servicio efectivo, mensurable y proporcional al costo real del mismo”.
Maier plantea en su iniciativa legislativa que la intención es “restablecer la correcta naturaleza jurídica de las tasas municipales en el contexto del consumo de energía eléctrica y su percepción a través de los concesionarios del servicio. Actualmente, el artículo establece que los concesionarios actuarán como agentes de percepción de los tributos `establecidos por la Provincia y/o los Municipios, sobre el consumo de energía eléctrica`. Esta redacción ha habilitado, en la práctica, una generalización del cobro de tasas municipales calculados como porcentaje del consumo eléctrico, lo cual desvirtúa la esencia misma de la tasa como tributo retributivo de un servicio concreto, proporcional y mensurable”.
“Desde el punto de vista jurídico-tributario, la tasa es un tributo que se exige como contraprestación a un servicio prestado o puesto a disposición por el Estado. A diferencia del impuesto, la tasa debe fundarse en un servicio público efectivamente prestado, en una razonable proporcionalidad entre el costo del servicio y el valor exigido, y en una base de cálculo objetiva y no arbitraria. Cuando el valor de la tasa se determina como porcentaje del consumo de energía, se desconoce su vínculo con el costo real del servicio municipal, sustituyéndose por una lógica impositiva indirecta y distorsiva”, afirma el legislador.
Y agrega: “La modificación propuesta establece requisitos mínimos de transparencia y legalidad para la percepción de tasas municipales a través de las facturas de energía eléctrica, tales como la existencia de una ordenanza específica y publicada, la identificación clara y separada del tributo municipal en la factura con su fundamento normativo, la notificación formal al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y a la concesionaria, y la justificación de que se trata de un servicio efectivo, mensurable y proporcional al costo real. Estos requisitos son indispensables para garantizar que los ciudadanos conozcan con precisión qué están pagando, a quién y con qué fundamento normativo y técnico”.
Maier sugiere “que el valor de la tasa no se fije como porcentaje del consumo eléctrico, sino como una suma fija establecida conforme a parámetros objetivos y verificables, tales como la zona geográfica del usuario, el tipo de inmueble o actividad económica, la superficie cubierta o la cantidad de usuarios del inmueble. Este criterio no solo mejora la legalidad y legitimidad del tributo, sino que aumenta la equidad y previsibilidad del sistema fiscal municipal, alejándose de fórmulas regresivas y acercándose a sistemas tributarios más racionales y justos”.
“Este proyecto –apunta- no busca afectar la autonomía municipal ni la potestad tributaria local, sino dotar de mayor transparencia, justicia fiscal y legalidad al sistema, evitando abusos que impactan directamente en la economía familiar y en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, restaura la seguridad jurídica para los ciudadanos y para las empresas prestatarias del servicio”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora