En pleno conflicto por la suba de las retenciones, y con el malestar provincial en aumento, Juan Brügge vuelve a la carga. El diputado nacional cordobés, integrante del espacio Democracia Cristiana – Encuentro Federal, insiste con su proyecto de reforma del régimen de distribución del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, como respuesta al desbalance fiscal que —según denuncia— perjudica al interior y beneficia a la Casa Rosada.
La iniciativa, resentada este año, cobra nuevo impulso tras el anuncio del Gobierno nacional de aumentar las retenciones al agro, una medida que cosechó rechazos inmediatos de mandatarios como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes denunciaron una “asfixia a las economías regionales”. A ello se suma el reclamo persistente por el retraso en el envío de fondos coparticipables.
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“El esquema actual es regresivo, injusto y va en contra de la equidad territorial que exige la Constitución”, argumentó Brügge. Según datos oficiales, en 2024 el impuesto a los combustibles recaudó más de $2,5 billones, de los cuales el 90% quedó en manos del Estado Nacional.
El proyecto propone una nueva distribución:
- 43,3% para las provincias y CABA,
- 28,7% al Sistema Único de Seguridad Social,
- 2,6% al transporte público,
- 25,5% para el Tesoro Nacional.
“Las provincias y municipios quedaron solos frente a obligaciones históricamente nacionales”, subrayó Brügge, al recordar que el financiamiento de la red vial, el FONAVI y la infraestructura hídrica era antes responsabilidad del Estado central.
En sus fundamentos, el legislador advierte que la Nación trasladó competencias sin recursos, en violación del artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, y señala que la falta de inversión pública agrava la crisis sanitaria y habitacional en muchas regiones. “Los fondos no se usan con el fin legal que tienen: eso atenta contra el aparato productivo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, denunció.
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El proyecto también apunta a recuperar fondos para vivienda social y garantizar que los recursos lleguen directamente a las provincias, con control cercano y ejecución efectiva.
La próxima semana, Brügge buscará sumar apoyos legislativos y presionar para que su propuesta entre en el temario de sesiones, en un Congreso atravesado por la discusión sobre el federalismo fiscal, que se transformó en una de las grietas más profundas del modelo actual. “El país no puede sostenerse sobre el desequilibrio de que las provincias asuman servicios esenciales sin recibir los fondos que constitucionalmente les corresponden”, concluyó.