El gobierno de Estados Unidos se presentará ante la justicia de su país para defender la posición de la Argentina en el juicio neoyorquino derivado de la expropiación de YPF. Lo hará bajo la figura del amicus curiae, una fórmula que existe en Estados Unidos y también en el sistema legal argentino, que se usa cuando un individuo u organización se considera en posición de asesorar a un tribunal sobre un tema específico, aunque los dictámenes de esos expertos no son vinculantes.
En este caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría presentarse ante la Cámara de Apelaciones que funciona como tribunal de alzada del juzgado de la jueza Loretta Preska, para poder opinar sobre las responsabilidades de los Estados nacionales en empresas privadas en las que también interviene la propiedad pública y sobre el alcance de los fallos de jueces estadounidenses sobre otras jurisdicciones.
Preska es la magistrada que determinó que el Estado argentino debe cederle al fondo Burford Capital el 51% del paquete accionario de YPF. Esas acciones quedaron en manos del Estado cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof definieron la expropiación de la empresa en 2012.