El vocero presidencial y legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno iniciará el proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), mediante el cual «se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado».
El Gobierno busca unos 500 millones de dólares con esta operación, en base a lo que se pagó tras un juicio por la reestatización de las acciones de la compañía.
AySA es una empresa que tiene la estructura de una sociedad anónima privada, al igual que YPF, en la que el Estado es el mayor accionista. El Estado sacará una licitación pública nacional e internacional para otorgar un contrato de concesión y entregar al menos el 51% del control accionario, mientras que el 39% restante podría quedárselo el nuevo operador o cotizar en la Bolsa.
Los dueños de AySA
Según indicó el portavoz, «se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una Oferta Publica Inicial (OPI) para abrir el capital de la empresa a otros inversores».
En cualquier caso, los activos seguirán perteneciendo al Estado nacional, garantizaron fuentes del sector, mientras que el nuevo concesionario podría acceder a financiamiento externo para ejecutar obras y planes de expansión, como del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«En la propuesta se incluye la permanencia de los empleados como accionistas de AySA, dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa», puntualizó.
Se espera que entre el lunes 21 y el martes 22 se publiquen en el Boletín Oficial dos decretos. Uno simple, con la aprobación de un informe de las autoridades de AySA donde se revela el estado de la empresa; y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita cambios en el marco regulatorio.
Posteriormente se deberán aprobar los términos del contrato de concesión, que establecería aumentos de tarifas cada 3 meses, y los pliegos de la licitación.
El proceso llevaría aproximadamente todo este segundo semestre del 2025, por lo que la convocatoria a interesados recién se lanzaría a fin de año y la adjudicación se realizaría a mediados del primer semestre del 2026.
AySA estaba incluida en la lista de las ocho compañías sujetas a privatización prevista en la Ley Bases sancionada en julio de 2024, junto a Enarsa e Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
En ese marco, el funcionario nacional detalló que «desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por el equivalente 13.400 millones de dólares» hasta 2023. Al respecto, aclaró que «indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa».
«La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16%, cuando supo ser del 4% promedio», agregó.
Al respecto, Adorni aclaró que «todo este proceso de privatización se inicia a partir de hoy, será regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para garantizar la transferencia».
«La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA», subrayó.
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La propuesta actual, detallaron fuentes oficiales, considera la experiencia de concesión privada de 1993, cuando el consorcio Aguas Argentinas S.A. asumió la operación del servicio.
«Aquel proceso significó un avance en la profesionalización de la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, pero concluyó con incumplimiento de inversiones y ambigüedades contractuales. Estos errores fueron analizados en profundidad para diseñar un modelo más eficiente, que cuenta con regulaciones y responsabilidades claras para cada uno de los actores», expresaron.
La metodología principal para valuar AySA se basará en el cálculo del Valor Actual Neto de los flujos de fondos proyectados que la empresa generará durante la vigencia del contrato de concesión. Este método permite estimar el potencial económico y operativo de la empresa.
«A través de la incorporación de capital privado se busca recuperar la eficiencia, reducir costos operativos y mejorar la infraestructura estableciendo un modelo económicamente autosustentable», concluye un documento oficial.