El organismo señaló que 1,7 millones de niños y niñas salieron de la pobreza en 2024, aunque persisten brechas según nivel educativo, informalidad y territorio.
Un nuevo informe de UNICEF Argentina reveló que la pobreza monetaria infantil cayó de forma significativa durante el segundo semestre de 2024. Según los datos del organismo, cerca de 1,7 millones de niñas y niños dejaron de estar bajo la línea de pobreza, lo que representa una reducción de 14 puntos porcentuales respecto al primer semestre del mismo año, cuando la cifra superaba el 67%.
El estudio, basado en la metodología del INDEC, señala que el 52,7% de los menores vivía en situación de pobreza a fines de 2024, frente al 58,5% registrado en igual período del año anterior. Para 2025, las proyecciones apuntan a que esa cifra seguirá bajando, ubicándose en torno al 47,8%.
La mejora se explica, en parte, por una recuperación de los ingresos reales en los hogares y por el impacto de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Sin las transferencias monetarias, la pobreza extrema infantil sería 10 puntos más alta”, advirtió Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina. Solo en 2025, los ingresos por programas de asistencia directa crecieron un 16% en términos reales.
A pesar de esta tendencia positiva, el informe también advierte sobre profundas desigualdades estructurales: en hogares donde el jefe o jefa no terminó la primaria, la pobreza infantil asciende al 80,9%. En barrios populares, el 72,3% de los menores está en situación de pobreza, y en hogares monoparentales con jefatura femenina, el índice llega al 60%.
UNICEF también alertó sobre recortes presupuestarios en áreas clave para la infancia. Entre los primeros meses de 2025, las becas escolares cayeron un 35%, el presupuesto en salud se redujo un 21% y el destinado al Plan Nacional de Primera Infancia, un 50%. Si bien hubo un incremento del 15% en la inversión global para la niñez, la organización advirtió que no se refleja en todos los sectores críticos.
Por último, el informe subraya que, más allá de los ingresos, persisten privaciones no monetarias como problemas de vivienda, acceso a educación, saneamiento y protección social. Estas condiciones no muestran mejoras sostenidas y requieren políticas públicas de largo plazo. “Es necesario profundizar el análisis del gasto público conjunto entre nación y provincias para evaluar su eficiencia y distribución”, concluyó Ramírez.