Mendoza. Audiencia pública San Jorge: vienen por el cobre y se llevarán el agua

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De la mano de Alfredo Cornejo y la Minera San Jorge (Solway Group) se prepara un nuevo ataque a los bienes comunes de nuestra provincia. Ya en el inicio de sesiones ordinarias de este año el gobernador dio su discurso con una roca de cobre sobre la mesa. Es que se juega a fondo por lograr la primera mina productiva de cobre en el país de la mano de la Minera San Jorge, como orientación productiva para la provincia junto a la actividad vitivinícola.

Para poder lograr esto Alfredo cornejo junto al lobby minero y sus cómplices en los recintos vienen moviendo varias piezas del tablero y avanzando. Entre estos movimientos podemos nombrar la sanción del nuevo Código de Procedimientos Mineros, en abril del 2024. También logro ser una de las primeras provincias en aprobar la adhesión al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y crear el Distrito Minero Occidental en Malargüe junto con la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental de los 34 proyectos de exploración de cobre en dicho departamento.

De esta forma el gobierno provincial se juega a revivir el Proyecto San Jorge, quien fuera sepultado en el 2011 producto del mendozazo del agua que conquisto la ley 7722. Luego en 2019 una tremenda movilización con cortes de ruta a lo largo de toda la provincia logro derrotar el intento de eliminar la 7722 de la mano de Rodolfo Suarez, gobernador en ese momento. Sin embargo en 2021 debido a una apelación de la Minera San Jorge, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló como inconstitucional un fragmento de la ley 7722, abriendo la puerta a sustancias toxicas que no son discriminadas en la letra de la ley.

A esta altura, ya estamos en puertas de la audiencia pública por el Proyecto San Jorge programada para el próximo 2 de agosto. Pero esta audiencia ha sido convocada por el gobierno para ser llevada a cabo a 2.600 metros de altura en un campamento de la minera. Se trata de una clara jugada para intentar evitar la participación de los vecinos de Uspallata y de quienes estamos interesados en el resto de la provincia. Esta maniobra no es casual si recordamos que el proyecto Minero San Jorge ya fue rechazado por el 75% de los participantes en la audiencia pública llevada a cabo en la Villa de Uspallata en 2010, y luego fue rechazado por ambas cámaras legislativas en 2011.

Pero a pesar de diferentes acciones de amparo ambiental presentadas previamente para suspender esta audiencia pública, la Fiscalía del Estado ha rechazado estas acciones y se llevara a cabo en una zona poco accesible restringiendo la participación ciudadana violando los principios constitucionales del Acuerdo de Escazú que exige la participación pública “abierta e inclusiva”, con plazos razonables y atención específica a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Es por esto que los Vecinos de Uspallata han decidido realizar la “Audiencia Pública del Pueblo, en la Villa de Uspallata, a fin de garantizar una participación genuina y autentica, invocando el principio consuetudinario de autodeterminación de los pueblos y toda la legislación que le gobierno viola con su acto viciado de nulidad”.

“La audiencia pública del pueblo contará con la presencia de coordinador profesional, escribano y abogado, interponiéndose un habeas corpus preventivo. Se transmitirá en vivo a través de medios alternativos, habrá programas en vivo de radio abierta comunitaria y se filmará todo el acto, certificando y bajando el registro audiovisual a soporte digital para ser validado e incorporado a las actuaciones pertinentes”.

Paralelamente a la cuestión de la audiencia pública, el gobierno avanza con el trámite para enviar a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge. Para ello se ha reunido la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CIEAM), en el Ministerio de Energía y Ambiente, para avanzar con el Informe de Impacto Ambiental (IIA) que fue presentado por la minera. Sin embargo, el proyecto no solo se encuentra con el rechazo de la población y organizaciones ambientales, que ha generado movilizaciones y detenciones arbitrarias por parte del gobierno, sino que las instituciones idóneas también han dado un fuerte revés a dicho proyecto. La UNCuyo, la Facultad de Medicina, la Asociación de Médicos de Argentina, el CONICET, Oikos Red Ambiental y José María Cortés -doctor en Ciencias Geológicas, Investigador del CONICET y profesor retirado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA- han planteado su rechazo al IIA presentado por la empresa.

Como si esto fuera poco, en el informe que presentó la Minera San Jorge argumenta que el proyecto planifica utilizar agua del arroyo El Tigre, curso de agua que nace y muere dentro de la propiedad de la minera. Sin embargo, El Departamento General de Irrigación en su informe técnico declaró: la minera debe pedir permiso para usar el agua del arroyo El Tigre, y rechaza que este curso de agua sea de dominio privado por desarrollarse en su integridad dentro del predio del proyecto.

Por otro lado, la Fundación de la UNCuyo cuestiona las imprecisiones e información desactualizada en el IIA sobre el agua del arroyo El Tigre y sostiene que: “no se ha demostrado que, en periodos de estiaje, el caudal del A. El Tigre sea suficiente para abastecer los requerimientos operativos sin comprometer el caudal ecológico”.

Hasta aquí ha avanzado este juego del extractivismo al pie de la cordillera, un juego donde el gobierno y las empresas manipulan las reglas a conveniencia e intentan desplazar a las piezas del pueblo fuera del tablero. Pero los mendocinos ya lo han dejado bien claro, la megaminería no tiene licencia social. Sin embargo, la miopía congénita de nuestros lamentables dirigentes nuevamente no los deja ver que somos muchos mas los jugadores que le decimos que no a la megaminería contaminante. Somos miles los vecinos, jóvenes y trabajadores que nos venimos oponiendo hace 17 años a este proyecto. Y por mas que intenten embellecer al extractivismo, y sigan vendiendo falsas ilusiones de progreso y trabajo, seguimos sosteniendo que este proyecto no tiene licencia social.

Por eso, desde la Red Ecosocialista y el MST en el FIT Unidad, llamamos a todo aquel que se identifique con la defensa del agua y de nuestros bienes comunes a participar de la Audiencia Pública del Pueblo convocada por los Vecinos de Uspallata, y a sumarse a las futuras acciones que se llevaran a cabo a lo largo de la provincia, porque en estos tiempos donde desde arriba quieren imponer lógicas individualistas con centro en el Mercado es necesario responder con organización y lucha por abajo y en unidad.

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