Una iniciativa presentada por los gobernadores ingresó al Congreso con un objetivo claro: redistribuir el impuesto a los combustibles a favor de las provincias. Según el análisis del IERAL de Fundación Mediterránea, el proyecto propone que el 57,02% de la recaudación vaya directamente a los Tesoros provinciales, eliminando asignaciones específicas para fondos nacionales destinados a infraestructura de transporte, hídrica y subsidios al transporte público.
La propuesta implicaría un traspaso de recursos sin contrapartida de responsabilidades. El informe advierte que la iniciativa no define quién se hará cargo del mantenimiento de rutas, trenes, obras hídricas o redes de saneamiento que hoy dependen del Estado nacional. “Aumenta el vacío en relación al financiamiento de la infraestructura que no pueda concesionarse a privados”, señala el documento.
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Costo fiscal
El costo fiscal de la reforma para la Nación sería significativo: equivalente al 0,16% del PBI en 2025, una cifra que podría representar la mitad del superávit financiero estimado. En cambio, todas las provincias resultarían beneficiadas. Algunas como CABA verían crecer sus recursos un 725%, mientras que provincias como Misiones, Neuquén o Chubut recibirían menos que otras en proporción, aunque aún mejorarían respecto de la situación actual.
Hoy, el impuesto a los combustibles representa entre 0,4% y 0,5% del PBI, muy por debajo del 1% que alcanzó en 2017. De ese total, solo el 25,47% se distribuye actualmente entre provincias y el FONAVI. El resto financia la ANSES, el Tesoro Nacional y los mencionados fondos fiduciarios, cuya ejecución –según IERAL– es muy alta en el caso del transporte y muy baja en el caso de obras hídricas.
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Transferencias
Si prospera la reforma, esos fondos serían eliminados y las transferencias a provincias pasarían a ser de libre disponibilidad, sin destino específico. Para IERAL, esto genera una debilidad estructural: se modifican los recursos, pero no se rediscuten las funciones. Sin un acuerdo federal sobre nuevas responsabilidades y sin garantías de inversión, la infraestructura nacional podría quedar a la deriva.