Ante el juez federal Sebastián Casanello, los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker -dueños de la droguería Suizo Argentina-, presentaron un nuevo escrito con el objetivo de frenar la investigación por presuntos hechos de corrupción que involucra, además de la compañía a la Agencia Nacional de Discapacidad. En este ocasión, la defensa sostuvo que se trata de un “cosa juzgada”, en relación a una denuncia anterior que fue archivada.
El viernes, mientras se realizaban los allanamientos en la empresa, el abogado de los hermanos, Martín Magram, presentó el primer escrito: un pedido de nulidad de la investigación en curso.
Como dio a conocer Clarín, ese primer planteo cuestionaba el origen ilegal de la grabación de Diego Spagnuolo que dio inicio a la causa penal. Junto con ello, discuten “la forma en cómo se procuró la investigación”.
Mientras esa presentación está bajo análisis, este lunes ingresó otro escrito a través del cual Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker -padre de los hermanos- dicen que la causa no debe seguir al entender que se trata de un “cosa juzgada”, en relación a una denuncia anterior donde se investigaba a la droguería por un contrato con la ANDIS por 24.000 millones de pesos. La misma fue archivada por pedido del fiscal Carlos Rívolo.
La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios tomaron estado público y apunta contra Javier Milei; su hermana la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, ex Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina. Con el avance de las actuaciones, la mira apuntó además a los hijos de Eduardo y actuales controladores de la firma, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
El texto judicializado sostiene: “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».
De esta manera, los audios filtrados de Spagnuolo, donde habla de la posible existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos, se convirtieron en la hipótesis central de la causa que instruye el fiscal Picardi.
Ante este panorama, el abogado de los empresarios, Martín Magram, insistió en que no debe avanzar el caso. Señaló que ya existió un expediente donde se investigaba a la compra de medicamentos del plan Incluir Salud, el más relevante de la ANDIS. La suma involucrada era de 24.000 millones de pesos.
“No se puede realizar una investigación continua con un caso que fue archivado. Antes decían que hubo sobreprecios y eso no se corroboró. Ahora le cambian la expresión y hablan de posibles coimas, pero el hecho ya se investigó y se cerró la causa”, indicaron fuentes allegadas a la droguería Suizo Argentina.
La defensa discute algo que denomina “un cambio semántico: las personas involucradas, la empresa y los contratos son los mismos, pero la justicia ya dijo que no hay elementos de prueba para avanzar”.
El nuevo escrito será analizado por el juez Sebastián Casanello, mientras la fiscalía de Franco Picardi avanza con la investigación en el expediente por presuntas coimas.
La causa penal se encuentra bajo secreto de sumario y permanecerá así al menos hasta el jueves, cuando vencen los diez días hábiles, los cuales -de todos modos-, explicaron fuentes judiciales a Clarín, pueden ser prorrogables.
Hasta tanto no se levante el secreto de sumario las partes (los abogado de Spagnuolo y de los hermanos Kovalivker) no pueden tener acceso a la causa y conocer qué elementos se incorporaron hasta ahora como pruebas.