El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, lo señaló como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que, según el fallo, cooptó el organismo para obtener beneficios económicos.
Junto a Spagnuolo también fueron procesados como supuestos líderes de esa estructura Daniel Garbellini, exnúmero dos de la Andis; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de las droguerías y con antecedentes en distintas gestiones políticas.
De acuerdo con la investigación, Calvete y Atchabahian habrían logrado influir y controlar el funcionamiento de la Agencia desde afuera, en coordinación con autoridades formales del organismo.
En total, Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la Andis y privados que habrían intervenido con distintos roles en la operatoria.
Según surge del expediente, existieron licitaciones direccionadas y sobreprecios, como parte de un esquema sostenido durante los primeros meses del actual gobierno.
Coimas en Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 acusados
El fallo describe la existencia de “un entramado de corrupción institucional” cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
“Operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuaron de manera mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”, sostuvo el juez.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirmó Casanello en uno de los tramos más duros de la resolución.
En el cierre del fallo, el magistrado dejó abierta la posibilidad de que los delitos investigados no se agoten en los ya imputados y advirtió que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”, a medida que avance la causa.
La investigación se inició en agosto del año pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en notas periodísticas. El caso había tomado estado público horas antes por la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo hablaba de supuestas maniobras de corrupción dentro de la Andis, mencionando a funcionarios del entorno presidencial y afirmando que parte del dinero tendría como destino a Karina Milei.
Sin embargo, tanto el fiscal Franco Picardi como el juez Casanello decidieron no utilizar esos audios como prueba, al considerar que podrían tener un origen ilícito.
De hecho, las defensas de los acusados reclamaron la nulidad total del proceso por ese motivo, planteo que fue rechazado por el magistrado, en paralelo con los procesamientos.
