Por Jaime Aníbal Meza
Jefe de Redacción-Coordinador Multiplataforma
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Una historia que parece sacada de un guión -«argento»-, pero que costó millones de dólares a los productores de todo el país (la «República de Corrientes» incluida) y, en última instancia, a los consumidores, llegará a su fin en breve.
Por lo menos es lo que se desprende del anuncio realizado en las últimas horas por el Gobierno nacional que, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger anunció una modificación regulatoria que promete desterrar un esquema que durante más de dos décadas mantuvo artificialmente elevado el precio de la vacuna contra la aftosa en suelo argentino.
Es que, desde el año 2001, el Estado exigía (exige por el momento) para su protocolo de vacunación una inusual vacuna «tetravalente» contra la aftosa, que incluía cuatro cepas.
Si bien, a primera vista esto podría parecer una medida de protección superior, la realidad era mucho más compleja y perjudicial.
Lo llamativo del caso fue que, además de contar con un solo laboratorio «dispuesto» para venderlas, dos de esas cuatro cepas dejaron de circular a escala mundial hace años, con la particularidad de que sólo un laboratorio local poseía la capacidad de producir la vacuna con estas especificaciones únicas.
Esta exigencia técnica actuó como un verdadero muro para la competencia, impidiendo el ingreso al mercado argentino de vacunas bivalentes, de dos cepas, que eran utilizadas con éxito en países vecinos como Uruguay y el Paraguay.
PERJUDICIAL
La consecuencia directa de este virtual monopolio de parte del laboratorio Biogénesis Bagó fue un precio significativamente más alto para los productores argentinos. Mientras que hoy la vacuna se comercializa en Argentina a 1,2 dólares por dosis, en el Uruguay su valor es de 72 centavos de dólar y en el Paraguay, apenas 35 centavos.
Lo más escandaloso, según las denuncias que fueron expuestas en varias oportunidades por EL LIBERTADOR en 2024 y recogidas por la Casa Rosada, es que el laboratorio argentino que vende la vacuna a 1,2 dólares en el mercado local es el mismo que la ofrece a tan sólo 35 centavos al otro lado del río.
Este esquema generó un sobreprecio estimado en 85 centavos de dólar por dosis, lo que, multiplicado por los casi 100 millones de dosis anuales (en un mercado de alrededor de 50 millones de cabezas) y los 25 años de vigencia de la regulación, representó hasta la fecha una sangría de recursos considerable para el sector ganadero.
«¡PIEDRA LIBRE!»
Este tipo de situaciones no eran ajenas a la opinión pública correntina. Ya en 2024, el diario EL LIBERTADOR publicó una investigación revelando cómo ciertas regulaciones favorecían a empresas locales en detrimento de la competencia y generando sobreprecios significativos en insumos para el sector productivo de la región.
Alertado de esta situación el año pasado por una de las tantas publicaciones de este medio, el presidente Javier Milei solicitó una solución inmediata. Tras arduas gestiones y la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se publicó días atrás -en el Boletín Oficial la Resolución 333/25- del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Esta nueva normativa establece la equivalencia y autoriza la venta en Argentina de vacunas que cuenten con certificación de venta en una serie de países, lo que facilitará la importación y se espera que impulse una significativa reducción de costos.
Si bien la motivación principal fue la vacuna antiaftosa, la medida se extendió a todos los productos veterinarios, lo que se traducirá en una perspectiva de mayor oferta y precios más competitivos para toda la actividad ganadera.
Funcionarios del Gobierno central celebraron esta medida como una victoria contra «la casta» y las regulaciones que, según afirman, fueron impuestas durante años de kirchnerismo para proteger intereses particulares.
Se espera que esta modificación regulatoria represente un ahorro anual de 100 millones de dólares para los productores, devolviéndoles «no sólo la libertad, sino también su dinero».
Fucosa, en la mira
Ahora, se espera que la Fucosa -que es la fundación que tiene a su cargo el control de la vacunación- actúe en consecuencia, en tiempo y forma, para la compra a valores competitivos de la vacuna en el exterior, y así lograr que su costo se asimile al del Paraguay, que está en un 30 por ciento de lo que se comercializa actualmente en el ámbito local.
Por su parte, con la participación de las Sociedades Rurales de la Provincia, que muchas veces no establecen un nivel de compromiso acorde a la responsabilidad que asumen, la Fucosa tiene por delante la necesidad de adecuar los costos operativos, abriéndose una polémica en torno a la conveniencia de no habilitar a los veterinarios particulares en el proceso de vacunación.
Como telón de fondo, los productores esperan otras medidas de parte de la Fucosa. Una, la de adecuar las fechas de vacunación para los búfalos que, por la estacionalidad de los nacimientos, no concuerdan con la que se establece para el ganado vacuno.
Y, ya en el orden nacional, que Senasa modifique las categorías que se vacunan en consideración a que, sin necesidad, se obliga al productor a la aplicación de la antiaftosa en mayor cantidad a la necesaria. Algo que hasta ahora no ha asumido el Ministerio de Producción de Corrientes ni los legisladores nacionales de los distintos partidos que -con exclusión a la diputada Sofía Brambilla- se han mostrado indiferentes ante el reclamo de los sectores productivos.