Este jueves, en la comisión de seguridad de la Unicameral, comenzó el debate del proyecto de ley “antipiquetes” presentado por el legislador liberfacho Agustín Spaccessi. También se pusieron sobre la mesa dos proyectos para restringir el derecho a la protesta presentados por el oficialismo y un legislador radical. Luciana Echevarría del MST en el FITU denunció que los bloques patronales “se pelean por ver cuál es más de derecha”, en vez de buscar soluciones a los problemas reales del pueblo trabajador cordobés.
El proyecto de Spaccesi, como lo señaló el propio autor en la reunión de comisión, es una copia casi palabra por palabra del protocolo impuesto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y plantea que toda manifestación que interrumpa incluso parcialmente la circulación del tránsito de vehículos debe ser tratada como una acción delictiva y que se debe individualizar a los responsables u organizadores de la manifestación.
Para poder tratar el proyecto, el legislador cuenta con la anuencia del PJ que preside la cámara y la comisión y ha modificado el reglamento interno de la Legislatura dos veces en dos años para que solamente puedan tratarse los proyectos que ellos tengan interés. Quizás se pueda pensar en una devolución de gentilezas porque el liberfacho ha estado al pie del cañón en varias ocasiones prestando sus votos para que se aprueben iniciativas del oficialismo o actuando en conjunto en las sesiones para evitar que se debatan temas que incomodan al PJ cordobés y sus aliados.
Al mismo tiempo, para no dejarle toda la iniciativa política al autoproclamado representante de Milei en la Legislatura, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (PJ y aliados) se sumó al show de populismo de derecha y llevó al debate un proyecto propio que la presidenta de la comisión de seguridad y vicepresidenta de la cámara, Nadia Fernández presentó. Se trata en realidad de la rehabilitación de un proyecto presentado en ese entonces por el legislador peronista Juan Manuel Cid, que modifica aspectos del ya represivo Código de Convivencia Ciudadana para imponer multas a quienes interrumpen de alguna manera el tránsito al realizar una manifestación y destinar lo recaudado “a las organizaciones y comercios afectados”.
Finalmente también se mencionó en el debate un proyecto del legislador radical Dante Rossi, que propone que los organizadores deberán avisar previamente a las autoridades para que se autorice la manifestación y plantea que hay una zona del microcentro de la capital provincial donde no se podrían realizar las marchas o protestas.
Cabe mencionar que tanto el proyecto de Rossi como el del peronismo no cuentan ahora con estado parlamentario, por lo que oficialmente no pueden ser parte del debate en las sesiones para rechazarlos o aprobarlos, por lo que reglamentariamente el único proyecto vigente sobre el tema es el de Spaccesi.
En el debate en la comisión estuvieron también presentes un grupo de comerciantes del centro, que pidieron mano dura por el perjuicio económico que dicen les provocan los cortes; y de distintos organismos de derechos humanos que explican lo fundamental del derecho a la protesta.
Proyecto liberfacho a pedido del gobierno peronista
El 24 de abril de este año la Cámara de Acusación de Córdoba absolvió a Agustín Nazar, referente del Movimiento Teresa Vive de nuestra provincia y compañeros de ATE, el Polo Obrero y otros imputados por protestar reclamando asistencia para comedores comunitarios. El ministro provincial de seguridad Juan Pablo Quinteros había cuestionado ese fallo y diciendo que no coincidía con el criterio de la Cámara respecto de que la protesta fuera tolerable. Y agregó que “hay tantas interpretaciones como jueces o fiscales. Es hora de que la Legislatura regule estas cuestiones. La sociedad demanda paz social, y estas manifestaciones la alteran”.
La legisladora Echevarría del MST-FITU rechazó este nuevo intento de la Legislatura de penalizar la protesta social. En declaraciones a los medios de comunicación señaló que Llaryora y Quinteros “se creen emperadores: como no les gusta el fallo de la Justicia que absuelve a los manifestantes porque no cometían ningún delito, van a la Legislatura a ver si ahí pueden imponer su deseo de prohibir cualquier manifestación, sobre todo las de los trabajadores que este gobierno mantiene en la miseria, como los del Rawson”.
Echevarría remarcó que en la Unicameral el peronismo encontró “a más de uno dispuesto a cercenar derechos a los trabajadores; los radicales, el PRO, LLA, y el propio bloque oficialista se pelean por ver cuál es más de derecha”.
La referente de la izquierda cordobesa agregó: “Hay que ser serios en el debate, es mentira que les preocupa la circulación o que los chicos lleguen tarde al colegio, si en la ciudad hay más cortes por Aguas Cordobesas o por la propia policía, que por manifestaciones. De hecho, el protocolo de Bullrich que quiere imponer Quinteros en Córdoba, lejos está de garantizar la circulación en CABA… por el contrario, cada miércoles son las fuerzas de seguridad las que cortan todas las calles para amedrentar a los jubilados”.
Y agregó: “Lo que no quieren es que se puedan expresar los conflictos que cada vez son más por la crisis gravísima que viven los trabajadores y sectores populares. Se equivocan si pretenden que un médico despedido injustamente, una maestra que cobra por debajo de la indigencia o una mamá que no tiene para darle de comer a sus hijos, se queden en su casa de brazos cruzados”.
Para finalizar, Echevarría anticipó que ha comenzado una convocatoria a todas las organizaciones democráticas y de derechos humanos a organizarse y movilizarse las veces que sea necesario en defensa del elemental derecho democrático a la protesta.
Iván Sosa