Desde las 10, representantes sindicales y empresarios intercambiarán visiones sobre el Concurso Preventivo de Crisis, impulsado por prestatarias. El fin de semana, el funcionamiento fue normal.
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Trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y empresarios del transporte se estarán reuniendo hoy en la Subsecretaría de Trabajo provincial, en el marco de la Conciliación Obligatoria dictada por el organismo estatal, con motivo de la declaración del Concurso Preventivo de Crisis, impulsado por las empresas Ersa y San Lorenzo.
Aunque con conversaciones avanzadas entre sindicato y empresas a fin de la semana, se aguarda que con esta convocatoria formal pueda darse el puntapié inicial para una paz duradera en un sector vital para la comunidad, pero siempre conflictivo.
Vale recordar que, la crisis del transporte urbano en Corrientes sumó un nuevo capítulo el pasado jueves, cuando se confirmó que la empresa Ersa dio un paso crucial al declarar su «estado de indefensión» en medio del reclamo de choferes.
El Concurso Preventivo es un trámite previsto en la Ley de Empleo Nº 24.013 para negociar con sindicatos y el Gobierno antes de despidos o suspensiones por causas económicas o tecnológicas, y al Concurso Preventivo de Acreedores, que es un procedimiento judicial bajo la Ley Nº 24.522 para que una empresa en insolvencia pueda renegociar sus deudas con los acreedores y reorganizarse.
A inicios de la semana pasada, los choferes dispusieron a altas horas de la noche anunciar por redes sociales el recorte en la prestación nocturna y el retaceo en el número de unidades circulantes.
RÉPLICAS
Al respecto, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Lisandro Rueda confirmó que se resintió el servicio a partir de las 23, lo que activó de inmediato un procedimiento. «Estamos enviando las órdenes de servicio a las empresas para que los choferes den explicaciones y que se acoplen a la normativa y que cumplan con lo estipulado», indicó.
Rueda calificó aquella decisión como «unilateral» y confirmó que se aplicaron sanciones económicas y que ya existen «muchas multas» contra las empresas.
«Haremos todo lo posible para entrar en una negociación», dijo, aunque dejó en claro que lo no negociable es «la constatación de la inacción» por parte de las empresas.
La reducción del servicio fue una respuesta a lo que las empresas consideran una falta de fondos, una situación que podría terminar afectando el salario de los trabajadores.