El documental “¿Qué pasó el 26J?”, presentado por el Ministerio de Gobierno, criminaliza a opositores por el fallido golpe de Estado en junio de 2024. El audiovisual muestra una lista de personas propuestas como ministros en un eventual gobierno de emergencia, entre los nombres figuran economistas, analistas y dirigentes sindicales críticos al oficialismo. La reacción de los aludidos no se hizo esperar y encendió la tensión política.
Gonzalo Chávez, uno de los mencionados, calificó el documental como un intento burdo de manipulación política sin base probatoria. Denunció que se trata de una maniobra para desacreditar a opositores y afirmó que no permitirá que se manche su trayectoria. Su publicación en redes sociales generó un fuerte eco entre usuarios que expresaron apoyo y alarma.
Paul Coca criticó enérgicamente a su inclusión en el material oficial, declaró que no tiene ningún vínculo con el general Zúñiga ni con supuestas conspiraciones. Denunció que el gobierno lo hostiga por su postura crítica y por no alinearse con el discurso oficial, aseguró que no se callará. Invitó a la ciudadanía a mantenerse firme en defensa de las libertades.
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Jaime Dunn, fue otro de los nombrados en la producción gubernamental y consideró que su mención forma parte de una campaña de persecución sistemática. Acusó al Ministerio de Gobierno de actuar como una “policía política” que fabrica pruebas. Negó conocer siquiera al general Zúñiga, señalado como líder del alzamiento y añadió que esta maniobra busca eliminar a los opositores del debate electoral.
José Luis Álvarez, dirigente del magisterio paceño, también fue mencionado como posible ministro. Desacreditó el documental y lo atribuyó a la desesperación del Gobierno, afirmó que su trayectoria dentro del trotskismo es incompatible con cualquier intento golpista. Anunció que activará procesos legales contra los responsables del audiovisual, señaló que el oficialismo busca confundir a la población y generar miedo.
El cocalero Armin Lluta fue incluido como posible ministro de Desarrollo Productivo, pero negó toda vinculación con los hechos y denunció calumnia. Indicó que el documental no presenta pruebas serias que sustenten las acusaciones y confirmó que también presentará una demanda penal por difamación. Apuntó al ministro Eduardo del Castillo como el principal responsable del contenido.
¿El masismo ha acabado con el estado de derecho?
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El abogado Jorge Valda fue detenido en Santa Cruz tras aparecer en la lista del supuesto gabinete civil, su captura generó preocupación entre otros analistas que temen correr la misma suerte. La Policía trasladó a Valda a La Paz, donde permanece en instalaciones de la FELCC. Organizaciones civiles y activistas denunciaron que se trata de una detención política, aseguran que se está criminalizando la disidencia.
En Cochabamba fue aprehendido el general en retiro Marco Bracamonte, su nombre también aparece en el documental como parte del plan golpista. Testigos lo vieron abordando un vuelo comercial a La Paz escoltado por efectivos policiales, su detención alimentó aún más las denuncias de una escalada represiva. Ciudadanos en redes sociales difundieron mensajes de apoyo y cuestionaron el procedimiento.
El Gobierno asegura que el documental se basa en más de 300 declaraciones, también señala que se usaron documentos y pruebas que demuestran un complot. Afirmaron que el objetivo del supuesto golpe era detener o asesinar al presidente Arce, el material muestra imágenes de armas, tropas y movimientos tácticos. Fue presentado en un acto público en el Banco Central de Bolivia.
La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado contundente con el que negó cualquier implicación en los hechos del 26 de junio y rechazó las acusaciones del documental. Calificó las versiones del Gobierno boliviano como falsas y ofensivas e instó a las autoridades a no involucrar a su país en conflictos internos. Remarcó su apoyo al Estado de derecho y a la democracia.
El diputado Alberto Astorga denunció una nueva ola de persecución política, comparó el documental con montajes del pasado como el caso del Hotel Las Américas. Señaló que el gobierno busca acallar a líderes sociales, analistas y opositores. Alertó sobre detenciones arbitrarias y el debilitamiento del sistema democrático, remarcó construyendo un modelo autoritario disfrazado de legalidad.
Diversas voces coincidieron en que el Gobierno está usando el documental como herramienta de control. Señalan que se busca instalar una narrativa de conspiración para justificar represalias, el uso de medios estatales para difundir el material genera cuestionamientos éticos. Algunos sectores consideran que se pretende distraer la atención de la crisis económica, otros creen que se está allanando el camino para un proceso electoral sin oposición fuerte.
Estas acciones del Gobierno, basadas en documentos audiovisuales cuestionables y detenciones selectivas, reflejan una preocupante deriva hacia el autoritarismo. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, se recurre a tácticas de intimidación que socavan las libertades fundamentales y criminalizan la disidencia. La utilización de aparatos estatales para perseguir voces críticas configura un escenario incompatible con una democracia genuina.