La eliminación de la triangulación permite que los aportes de los afiliados lleguen directamente a las prepagas sin intermediaciones. En términos teóricos, esto podría generar mayor previsibilidad financiera para las empresas y, eventualmente, traducirse en menores costos para los usuarios. Sin embargo, el sector de la salud enfrenta otros factores que pueden neutralizar este efecto.
El aumento de costos en medicamentos, insumos y honorarios profesionales sigue presionando sobre los precios, así como la falta de regulación en la fijación de cuotas. Sin mecanismos de control claros, la eficiencia lograda podría no reflejarse en menores tarifas, sino en una mayor rentabilidad para las prepagas.
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Otro aspecto a considerar es el impacto de esta medida en la competencia. Si bien la libre elección de la obra social puede aumentar la flexibilidad para los afiliados, también podría generar una mayor concentración del mercado en unas pocas prepagas de gran escala, limitando la competencia efectiva y reduciendo opciones para quienes buscan alternativas accesibles.
En este escenario, no solo las empresas de medicina prepaga se ven afectadas por la nueva normativa. Las obras sociales, especialmente aquellas con menor volumen de negocios o escasa infraestructura prestacional, también podrían enfrentar una pérdida significativa de afiliados, impactando su equilibrio financiero y capacidad operativa. La posibilidad de que las prepagas compitan en igualdad formal de condiciones, pero con mayores recursos y estrategias comerciales más agresivas, podría profundizar la desigualdad entre agentes del seguro de salud. Así, el riesgo no es solo la concentración del mercado privado, sino también el aumento de la fragilidad del subsistema de seguridad social, cuya misión solidaria y distributiva resulta clave para garantizar el acceso a la salud. En este nuevo marco, las obras sociales deberán repensar sus modelos de gestión, fortalecerse institucionalmente y adaptar su red prestacional para sostener su rol en un entorno más competitivo.
El nuevo marco normativo también permite que las prepagas establezcan aumentos diferenciados según el tipo de plan, lo que podría generar inequidades en el acceso a la salud. Si no se establecen límites claros, existe el riesgo de que los aviones más económicos ofrezcan coberturas insuficientes y que los usuarios de menores ingresos queden con menos opciones viables.
La experiencia internacional nos muestra distintos escenarios. Mientras en Estados Unidos la desregulación extrema llevó a un sistema segmentado con altos costos, países como Alemania y Francia han implementado modelos mixtos con regulaciones que garantizan un acceso equitativo a la salud.
En un contexto de desregulación creciente, el Estado debe desempeñar un rol clave para evitar abusos y garantizar que los beneficios de la reforma no sean solo para las grandes corporaciones, sino también para los afiliados. Esto podría lograrse mediante auditorías periódicas que aseguren que los ahorros administrativos se traduzcan en mejores costos y servicios, la regulación de planos mínimos garantizados y la supervisión de fusiones para evitar posiciones dominantes.
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Observamos que estas medidas, en lugar de fomentar una mayor competencia, podrían generar un efecto contrario: la consolidación del mercado en pocas manos. En un sector tan crítico como la salud, las reformas deben equilibrar eficiencia y equidad para evitar que la capacidad de pago se convierta en la principal barrera de acceso a la atención médica.
La eliminación de la triangulación y la desregulación de precios pueden generar eficiencias en el sistema, pero también riesgos de segmentación y exclusión. Para evitar que estas medidas beneficien solo a las grandes corporaciones y perjudiquen a los afiliados, es necesario implementar controles y mecanismos de regulación que aseguren el equilibrio entre rentabilidad y equidad en el acceso a la salud.
Un modelo sustentable debe garantizar que los beneficios de la reforma sean compartidos y que el derecho a la salud no dependa exclusivamente de la capacidad de pago del afiliado.
Si bien la desregulación del sistema de salud puede traer mejoras en la eficiencia administrativa, también plantea riesgos significativos de segmentación y exclusión. Para que la reforma sea verdaderamente beneficiosa para los afiliados, es fundamental contar con mecanismos de control que garanticen la transparencia en los costos, eviten la concentración del mercado y aseguren que el derecho a la salud no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada individuo.
* Socia Gerente CBA Soluciones en salud de Grupo Gaman