Una plataforma desarrollada por la startup argentina Ethix está comenzando a transformar la manera en que se vigilan las contrataciones del Estado. Utiliza inteligencia artificial para analizar licitaciones públicas en todo el país y detectar posibles irregularidades antes de que se conviertan en escándalos.
A partir de su análisis, la app elabora un ranking de transparencia que deja al descubierto desigualdades profundas entre provincias argentinas. En ese mapa, Formosa aparece como la jurisdicción con mayor opacidad, mientras que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires se posicionan entre las más transparentes.
«Queremos que ETHIX sea un estándar de transparencia y eficiencia en licitaciones, asegurando que tanto empresas como gobiernos tengan acceso a un proceso más equitativo y confiable», comenta Ivan Gauna, Abogado, y CEO de Ethix.
La tecnología detrás de Ethix permite revisar los documentos licitatorios, identificar patrones de riesgo y cruzar datos normativos y administrativos para anticipar desvíos. “Nuestra plataforma puede detectar señales tempranas que muchas veces el análisis humano pasa por alto”, explica Iván Addolorato, CTO de la empresa.
“No se trata solo de eficiencia: buscamos que el proceso sea más justo y monitoreable por todos”. La visión a futuro es lograr una digitalización completa del ciclo de compras públicas, con monitoreo en tiempo real, datos abiertos y control social activo.
Desde la empresa aseguran que este tipo de soluciones no reemplazan el rol del control estatal ni el periodismo de investigación, sino que ofrecen una herramienta más para prevenir desvíos de fondos, direccionamientos y otras formas de corrupción que históricamente han afectado al gasto público.
Licitaciones de obra pública: un país, muchas realidades
El último informe publicado por Ethix analiza a las 24 jurisdicciones del país bajo cinco criterios clave: existencia de leyes de acceso a la información pública, facilidad para consultar datos de licitaciones, nivel de digitalización de los procesos, historial de casos de corrupción y políticas concretas de transparencia.
La evaluación es contundente: mientras algunas provincias están implementando reformas y mejorando sus sistemas, otras siguen operando bajo estructuras arcaicas que no garantizan ningún tipo de control externo.
Formosa, por ejemplo, es la única provincia que no cuenta con una legislación específica sobre acceso a la información pública, ni participa de instancias de coordinación nacional como el Consejo Federal para la Transparencia.
Tampoco tiene plataformas actualizadas para la publicación de licitaciones ni canales claros para hacer pedidos de información. En los hechos, la contratación pública allí sigue siendo un proceso cerrado y no auditable. Algo similar ocurre en Tucumán y San Juan, aunque en estos casos hay al menos promesas oficiales —todavía no cumplidas— de avanzar en marcos normativos.
En el otro extremo, se destacan casos como el de Mendoza o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuentan con plataformas digitales activas y accesibles donde las licitaciones se publican de manera abierta y en tiempo real. Además, tienen legislación específica y mecanismos de denuncia ciudadana.
Cuando aparecen indicios de corrupción, las respuestas institucionales tienden a ser más ágiles y efectivas, con investigaciones, auditorías externas y sanciones que buscan cortar de raíz las irregularidades.
La falta de equidad entre provincias no es solo un problema técnico: tiene consecuencias directas sobre la calidad del gasto, la competencia entre empresas, el precio final de las contrataciones y, sobre todo, la confianza ciudadana.
“Las provincias que no digitalizaron sus procesos siguen usando mecanismos que tienen más de un siglo. Y sin voluntad política para cambiar eso, no hay app que alcance”, advierte Gauna.
Tecnología, control y voluntad política
La plataforma desarrollada por Ethix pone sobre la mesa una cuestión central: la tecnología no reemplaza la voluntad política, pero puede potenciarla.
Las provincias que mostraron mejores resultados en el informe son aquellas que combinaron normas claras, digitalización efectiva y canales de participación ciudadana, lo que permitió crear un ecosistema donde la corrupción encuentra menos espacio para desarrollarse. Incluso cuando surgen casos, existen instancias institucionales capaces de responder.
Donde no hay leyes de acceso a la información ni sistemas digitales que permitan seguir las licitaciones en tiempo real, la opacidad funciona como regla. Esto no solo complica la tarea de periodistas o auditores: también desalienta la competencia y favorece a quienes tienen contactos o vínculos políticos.
En esas condiciones, los ciudadanos no pueden saber a dónde van los recursos públicos, y las empresas independientes ven con desconfianza cualquier intento de participar.
El informe también subraya la importancia de fomentar mecanismos de control social. Plataformas como Ethix permiten que ciudadanos y organizaciones puedan consultar, comparar, denunciar y auditar desde afuera.
Cuando eso se combina con auditorías externas y reglas claras, el impacto es significativo. “No se trata solo de digitalizar por digitalizar. La clave está en hacer que esa tecnología esté al servicio del bien común”, explica Addolorato.
El desafío que plantea Ethix es claro: sin datos abiertos, sin sistemas automatizados y sin participación ciudadana, las licitaciones seguirán siendo una zona gris del Estado, vulnerable al desvío de fondos y a la captura por intereses privados.
La aplicación intenta cerrar ese hiato entre la obra pública y el control social.
SL